LA IGLESIA EN LA POLITICA ELECTORAL


La Iglesia católica o, por mejor decir, su jerarquía, ha actuado en la política nacional desde tiempos inmemoriales. De su parte, no ha habido gobierno, también desde antaño, que no haya tenido estrechas relaciones con ella, relaciones que, por lo general, eran de entendimiento y muy raras veces de confrontación. Pero los obispos siempre han albergado un apetito feroz por inmiscuirse en las lides electorales, de las que nunca les ha faltado la comprensión de que son decisivas para la conformación de los gobiernos y de la representación popular, incluso en los tiempos del PRI gobernante.
En cuestiones electorales, empero, la Iglesia fue hasta hace poco muy discreta en su actuar, tratando de mantener una imagen que, aunque no negara su interés tan vivo, la mantuviera al margen de cualquier represalia. Las cosas cambiaron decisivamente después de las reformas salinistas de principios de los noventa. Los obispos tendieron a inmiscuirse, cada vez más, en los asuntos electorales, tratando de dar orientaciones a sus fieles sobre cómo votar y hasta vetando a ciertos candidatos, como lo pudimos ver con toda claridad en los procesos de 2006. Onésimo Cepeda estuvo, incluso, a punto de ser sancionado por sus agresiones verbales.
Los jerarcas católicos llaman a sus fieles a promover activamente el fortalecimiento de la familia cristiana. La familia no cristiana no les interesa en absoluto, tal vez porque constituye una comunidad muy minoritaria. La base infaltable e inmodificable es la definición del matrimonio como la unión que forman un hombre y una mujer. Si a algunos les da la gana de constituirse en matrimonio con parejas del mismo sexo, evidentemente, cometerán un grave pecado que ellos quisieran que fuera definido como delito, es decir, como un acto penado por la ley.
Aparte de ello, aprovechan el viaje para lanzar algún petardo, por ejemplo, cuando en el punto 5, a propósito de la corrupción, postulan que hay que partir de un historial limpio de los candidatos, como si ellos fueran la autoridad que debe juzgar del asunto, o cuando en el 6 acusan a los intereses partidistas de aplazar “una serie de reformas constitucionales… que frenan injusta e irresponsablemente el desarrollo de las futuras generaciones”. Deberían decirnos qué saben al respecto, pero está claro que no hacen más que repetir lo que Calderón, su presidente, dice todos los días.
Ahora sabemos (punto 9) que los recursos naturales de la nación (la expresión es de ellos) nos han sido dados y confiados por Dios. Hasta hoy yo pensaba que la nación, al instituir las relaciones de propiedad en el artículo 27 constitucional y reservar para su dominio exclusivo los bienes naturales que en él se mencionan (tierras y aguas, el subsuelo y sus recursos, los zócalos submarinos, el espacio radioeléctrico y los mares territoriales) no le había pedido permiso a Dios ni creo que supiera que Él los había creado para ella. Es de celebrarse, empero, que los prelados hagan suya la doctrina del 27.
Finalmente, en torno al asunto del aborto, los jerarcas nos dicen lo de siempre: En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Cabe preguntar qué pasaría si un candidato o un partido se atreve a decir que no está de acuerdo con semejante punto de vista. Desde luego, me imagino, los fieles les negarían su voto. Pero, ¿es que los prelados no saben o no se han enterado de que la ley les prohíbe hacer semejantes pronunciamientos?
Resulta claro que ellos están probando su suerte, esperando que ninguna autoridad electoral o administrativa les llame al orden o los sancione. Ya veremos si dichas autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Los jerarcas seguirán en lo suyo, que es ignorar la ley y negarse a observar.


Armaldo cordova, (26 de febrero de 2012) La jornada, la iglesia política electoral, 2 de abril de 2014 http://www.jornada.unam.mx/2012/02/26/opinion/008a1pol

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